Una nueva legislación busca facilitar la contratación laboral formal y brindar mayores oportunidades de empleo para los adultos en el país.
El Congreso de la República ha aprobado la Ley del Certificado Único Laboral, una importante iniciativa que busca regular la implementación y el acceso a un certificado electrónico diseñado para facilitar la contratación laboral en el mercado formal. Esta ley tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los adultos en nuestro país.
El certificado único laboral, que se obtiene de manera gratuita a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contiene información esencial que agilizará el proceso de contratación. Entre los datos incluidos en este certificado se encuentran la fecha de emisión electrónica; los datos de identidad; los antecedentes policiales, penales y judiciales; la formación académica; la experiencia laboral y otra información relevante para mejorar la empleabilidad de las personas.
Es importante destacar que la implementación de esta iniciativa se basa en la disponibilidad de información proporcionada por entidades públicas a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y otras plataformas relacionadas. Esto garantiza que los datos necesarios para emitir el certificado estén disponibles de manera gratuita y permanente.
Para asegurar la veracidad de la información, el proceso de obtención del certificado único laboral requerirá la validación de la identidad del solicitante a través de la plataforma del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) u otra plataforma de autenticación designada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Además, se implementarán medidas de seguridad, como la firma digital de un funcionario autorizado y un código o mecanismo de verificación en el certificado, para garantizar su autenticidad.
Es importante resaltar que esta ley cumple con las disposiciones constitucionales y legales de protección de datos personales, garantizando la privacidad y confidencialidad de los solicitantes. Además, cabe mencionar que la financiación de la implementación de esta ley provendrá de los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas en su ejecución.